Por: Tatiana Balvín
La Subsecretaría de Espacio Público pasó de tener 600 funcionarios a 252 en la actual administración, la reducción se debe, según Wilson Buitrago, jefe de esta dependencia, a que la política de atención cambió. “En los gobiernos anteriores era un asunto más de choque, con contratos indignos, parecía más una especie de policía no formal, ahora es diferente”.
Este escenario preocupa al comercio formal, pues ven la falta de inversión en personal como una despreocupación por el espacio público: “en la administración Quintero se han llegado a tener 30 o 40 personas regulando el espacio público en la ciudad. Eso demuestra el desinterés por organizarlo y es un ejemplo de la no protección a los empresarios formales que pagan impuestos” dice Jorge Mario Puerta, director ejecutivo de Corpocentro.
En los diez puntos críticos del espacio público identificados en el centro de Medellín hay 140 funcionarios de la Subsecretaría entre coordinadores, sociales, operativos y reguladores. La misión principal es mantener ordenados los espacios y verificar los productos ofrecidos.
La falta de personal, temen los comerciantes, pueda tener efecto sobre la seguridad: “no puede haber control del espacio público cuando la subsecretaría no tiene prácticamente personal y el que tiene lo tiene de manera simbólica. Y ahora con los cerramientos es peor, queremos alertar a los centros de control porque esto puede hacer que empeore la seguridad en lugares donde ya está muy crítico este tema” dice Daniel Manzano, director ejecutivo de Asoguayaquil.
Lo que también genera polémica con otros sectores económicos es la “gestión del permiso formal”. En 2023 ya se han entregado mil y en los próximos días se regularizarán otros mil, 400 de estos en el centro.
“Desde hace tres años se ha hecho política con ese cargo y además se han dado demasiadas gabelas a los vendedores informales, de verdad no se ha hecho el control necesario”, dice al respecto el Director de Corpocentro.
En igual sentido añade Manzano de Asoguayaquil: “hay un desorden y una improvisación en esa entrega que nos tiene a nosotros prácticamente nerviosos, y precisamente es muy coyuntural porque se acercan las elecciones. Para nosotros esto es muy peligroso porque se puede intercambiar el espacio público por votos”.
La administración se defiende y nombra este escenario como necesario para las dinámicas sociales del centro.
“No se trata de nada ilegal, tenemos un marco normativo o piso jurídico que nos faculta para entregar los permisos. Hemos invitado a la conciliación de pactos al comercio formal, pero muchos no lo hacen, eso no quiere decir que no procedamos con la entrega de estos espacios” señala Wilson Buitrago, subsecretario de Espacio Público de Medellín.
Para acceder a estos permisos la persona debe demostrar que es vulnerable, ocupa por lo menos hace tres años el espacio solicitado, vende productos legales, realiza los pagos amparados y cumple los acuerdos de comportamiento estipulados por el Manual de Espacio Público MEP.
“Nadie elije ser ventero al sol y al agua en la ciudad como proyecto de vida, esta dinámica responde a que la economía no permite generar la inclusión laboral para todos, por esto mismo no podemos llegar a revictimizar. No queremos que por necesidad estas personas incurran en la ilegalidad”, dice Buitrago.
La preocupación por la salida del ciclo de pobreza y la reducción del espacio público en el centro a corto y largo plazo es lo que hoy moviliza al comercio formal:
“Nosotros no estamos de acuerdo en que se entreguen los permisos sin que haya una regulación efectiva y también consideramos que entregar más permisos es condenar a la pobreza a esas personas que trabajan en el espacio público”, señala Puerta.
Es por esto que la subsecretaría insiste en que el permiso formal es una excusa para vincular a las personas a la oferta institucional y permitirles acceder a un empleo formal. Insisten desde la Alcaldía de Medellín que durante el año en el que se otorga el permiso muchos de los vendedores formales logran cambiar su vocación productiva:
“Tenemos eventos cada semana en los que llevamos oferta y por lo menos 20 consiguen diferentes empleos formales; además llevamos al ISVIMED para que puedan tener vivienda propia y también a Sapiencia para que sus hijos puedan estudiar y salir del ciclo de pobreza extrema”, puntualiza el Subsecretario de Espacio Público.
Se trata según la administración de reconocer que están regularizados 6.600 de los 35 mil venteros ambulantes con quienes se pueden generar mejores condiciones de habitabilidad en el territorio, sin embargo la controversia persiste pues según los empresarios la definición de espacio urbano o los conceptos de “urbanizar” y “recuperar” hoy son apuestas contrarias a la visión estatal.
Insisten que si bien en algunos casos se han remodelado o acondicionado lugares públicos para cambiar el aspecto de abandono, muchos hoy son invadidos “legalmente” con permisos que impulsan el derecho al trabajo pero que limitan el espacio al transeúnte.
El debate continúa pues lo que hoy vive el centro debe replantear las deficientes oportunidades económicas y condiciones de vida dignas que tienen los vendedores informales y pensar cómo, en vez de regularizar espacios donde ya no hay disponibilidad para más ventas, se pueden abrir puertas de emprendimientos que mejoren las opciones de vida; una preocupación que debe asumir tácitamente el nuevo alcalde quien debe replantear este escenario y la apuesta de que Medellín sea una ciudad accesible para todos.
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