El centro de Medellín es el sector metropolitano más afectado por el hurto de contadores de agua y sus tapas, así como del cableado que transmite energía y telecomunicaciones. Aseguran EPM, UNE y demás empresas afectadas por este delito.
Por: Alexander Barajas
Además de las obvias molestias, son millonarias las pérdidas para la ciudad originadas por los robos de elementos necesarios para la prestación de servicios públicos como el agua, la energía y la telefonía.
Infortunadamente, es en el centro donde se dan la mayoría de los casos, afectando la calidad de vida de sus habitantes. Por ejemplo, la empresa Tigo-Une ha registrado en nuestra comuna 110 eventos en lo que va corrido del año, los cuales perjudicaron directamente a 20 mil clientes.
Esta cantidad es casi el 10% de todos los casos en el Valle de Aburrá (1.258), que generaron pérdidas por $2.430 millones. Los sectores más afectados en la comuna son el centro histórico y los barrios Colón, El Chagualo y San Benito.
Para sacar las piezas metálicas, algunos de los nuevos amueblamientos del centro han sufrido vandalismo.
Una historia similar cuentan desde el servicio de energía de EPM. El ingeniero Jorge Peláez dice que en 2017 se robaron más de 5 kilómetros de cable de alto calibre, pese a que hacían parte de una red que se extiende de manera subterránea por el centro histórico. En lo que va de este año, los hurtos ya superan los 3 km.
El solo costo de reposición del cable sustraído es de $75 mil por metro, más la reinstalación. “Por estas características, el robo que más nos perjudica lo están haciendo bandas organizadas, que saben técnicamente lo que hacen”, aseguró Peláez.
Por el lado del agua, con los contadores y sus tapas, los ladrones no son tan sofisticados. “Aprovechan la ocasión, por lo general habitantes de calle, que sacan a la fuerza las tapas de hierro para venderlas. También rompen los contadores y pasa lo mismo: algunos, los tradicionales, los venden desarmados por sus partes metálicas. Los nuevos, que tienen más componentes plásticos que metálicos, proporción inversa a los tradicionales, los hemos visto instalados intactos en (otros) pueblos”, afirmó Willy García, de la Unidad de Operación y Mantenimiento de Provisión Aguas en EPM.
Las tapas de redes subterráneas, tipo Manhol (parecidas a las de alcantarilla) también son robadas, poniendo en riesgo a viandantes y vehículos.
En todo el centro se han robado este año 400 medidores de agua y reponerlos les costó a los usuarios $35 millones. En este servicio, el vandalismo afecta directamente el bolsillo del cliente de EPM, pues de acuerdo con la ley, las acometidas residenciales son su responsabilidad.
De los contadores hurtados en la Comuna 10, 49 corresponden a Prado, barrio en el que se sufre mucho por la desaparición de las tapas metálicas. Por lo mismo, quienes todavía tienen sus tapas y contadores recurren a soldaduras o poner barras atravesadas y aseguradas con candados. “Entendemos a nuestros usuarios, pero esas medidas terminan afectando el trabajo de nuestros lectores de contadores”, añadió el funcionario, reconociendo que se han intentado otras opciones desde EPM, como poner tapas con una abertura que permite la lectura. “Intentamos cambiar tapas por unas de plástico de alta densidad, pero los resultados no fueron los mejores por la resistencia del material. Si alguien pide hoy reposición de tapas, será por una metálica”.
En caso de robo o sospecha del mismo, EPM pide informar a su línea gratuita de atención al cliente 4444115 o a través de la app “EPM estamos ahí”.
¿Qué se hace con lo robado?
El destino obvio de estos robos son las chatarrerías, que comercializan luego el metal que de allí se extrae. Un metro de cable de energía calibre 500, puede proveer 2.5 kilos de cobre de calidad. Y ahí apenas empieza una turbia cadena que ha hecho de Colombia un país exportador de este material, pese a no contar con yacimientos reconocidos.
Con una tapa o un contador, además de los pocos pedazos de cable que logra arrancar y quemar (respirando sustancias venenosas), un habitante de calle, obtiene lo suficiente para drogarse. Incluso, se rumora que en algunas de las 80 chatarrerías que se cree existen en el centro pagan con vicio.
Sin olvidar las actividades de vigilancia, la alcaldía emprendió desde 2016 el programa “Empresarios de Aprovechamiento”, que si bien está dirigido a dignificar la labor de los recicladores de tiempo completo (que no se deben confundir con los habitantes de calle que roban cables y tapas), también busca que se formalice toda la cadena de esta actividad para erradicar esas malas prácticas. Yesid Ramírez, de Medio Ambiente, señaló que se han acercado 22 chatarrerías (cuatro de ellas en el centro) al proceso, así como 1.240 recicladores (600 del centro), de un universo de 3.666. “También hemos identificado 948 habitantes de calle que quieren vincularse para encontrar en el reciclaje legal una opción de vida digna”.
