Los gremios empresariales le solicitaron al gobernador Andrés Julián Rendón eliminar el cobro, vigente hasta diciembre de 2027. La Gobernación reporta inversiones superiores a $473.000 millones en dotación para la Fuerza Pública, tecnología e infraestructura.
El Comité Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia le solicitaron al gobernador Andrés Julián Rendón desmontar la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un cobro departamental que comenzó a aplicarse en enero de 2025 y cuya vigencia está prevista hasta el 31 de diciembre de 2027.
La petición reabre la discusión sobre el costo que representa esta contribución para los contribuyentes y su papel en la financiación de las capacidades de seguridad del departamento.
Los gremios han cuestionado el impacto del cobro sobre los costos empresariales y la competitividad regional, y plantean la necesidad de revisar su continuidad. La solicitud se produce mientras la Gobernación mantiene la ejecución de los recursos destinados a fortalecer la seguridad y la convivencia en Antioquia.
¿Para qué se creó la tasa de seguridad?
La Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana fue establecida mediante la Ordenanza 50 de 2024 de la Asamblea Departamental. Su objetivo es financiar el Fondo Cuenta Territorial de Seguridad de Antioquia, a través del cual se destinan recursos al fortalecimiento de la Fuerza Pública y al desarrollo de proyectos de seguridad y convivencia.
Los recursos se orientan a cinco líneas de inversión: tecnología y conectividad para la seguridad; dotación de los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (EMPÁS); construcción de una cárcel departamental; mejoramiento de instalaciones de la Policía y las Fuerzas Militares, y adecuación de escenarios deportivos para la convivencia ciudadana.
El cobro se incorporó a la facturación del servicio de energía. Los hogares de estratos 1, 2 y 3 están exentos, al igual que los suscriptores cuyo consumo provenga completamente de la autogeneración.
La ordenanza contempla, además, mecanismos de seguimiento al recaudo y a la ejecución de los recursos, mediante informes semestrales ante la Asamblea Departamental y la participación de representantes de los sectores residencial, comercial e industrial.
¿Cuánto dinero se ha recaudado y en qué se ha invertido?
En septiembre de 2026, la Gobernación de Antioquia reportó inversiones superiores a $473.000 millones relacionadas con la tasa de seguridad.
Entre las principales inversiones y entregas reportadas se encuentran:
- Vehículos y movilidad: 55 camionetas, seis de ellas blindadas, y 178 motocicletas, además de una lancha, un camión y equipos para operaciones fluviales.
- Protección de los uniformados: 574 cascos balísticos, 706 chalecos antibalas y elementos de intendencia para unidades militares y policiales.
- Tecnología: más de 9.000 cámaras integradas al Nodo Departamental de Seguridad y la instalación de 276 cámaras nuevas.
- Conectividad: más de 381 kilómetros de fibra óptica instalados, de los cuales 200 kilómetros estaban en operación al momento del balance.
- Infraestructura policial: mejoramiento de 25 estaciones de Policía, 15 de ellas terminadas para la fecha del reporte.
- Convivencia ciudadana: entrega de más de 50 escenarios deportivos en diferentes municipios.
También se han destinado recursos al funcionamiento del sistema de emergencias 123 Antioquia, que opera las 24 horas del día.
Un cobro previsto hasta diciembre de 2027
La Ordenanza 50 de 2024 estableció la vigencia de la tasa entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2027. Su eliminación anticipada implicaría modificar el esquema normativo que actualmente regula el cobro.
La solicitud de Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia vuelve a poner en discusión la relación entre la financiación de la seguridad y las obligaciones económicas de empresas y ciudadanos. Mientras los gremios solicitan desmontar la contribución, la Gobernación ha defendido su destinación a la dotación de la Fuerza Pública, la modernización tecnológica y el mejoramiento de la infraestructura.
Por ahora, la tasa tiene vigencia hasta diciembre de 2027. La petición de los gremios plantea revisar su continuidad antes de esa fecha, en un debate que también exige claridad sobre el recaudo, la ejecución presupuestal y los resultados concretos que han producido los recursos invertidos.
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