Asoguayaquil y el concejal Bernardo Alejandro Guerra presentaron en los últimos meses sendas denuncias sobre corrupción en esta subsecretaría, las cuales reviven constantes rumores acerca de malas prácticas al interior de la institución.
Por Alexander Barajas Maldonado
El centro, la corrupción y el espacio público, tres realidades que casi siempre aparecen juntas en el ‘voz a voz’, pasaron hace poco del rumor a los titulares noticiosos. A finales de 2016, Asoguayaquil denunció públicamente a uno de los jefes de polígono o supervisor de gestores de Espacio Público por pedir coimas, por igual, a venteros y a comerciantes formales: a los primeros por no moverlos de las aceras y a los segundos para mantener libres de chazas los accesos a sus locales.
Daniel Manzano, director ejecutivo de Asoguayaquil, recuerda que luego de la denuncia que instauró ante la Subsecretaría de Espacio Público, le llamó la atención el procedimiento usado para tramitar la queja. “Pusieron cara a cara a los comerciantes que se quejaron y al funcionario cuestionado; los venteros, en plena temporada decembrina, se sintieron intimidados y negaron todo. ¿Por qué no le hicieron seguimiento o lo pusieron a prueba?”.
Retractados los quejosos, no se procedió a una denuncia formal por parte de Espacio Público, dependencia donde nos contestaron que “la Fundación Pascual Bravo (contratante de esa persona), ante dichos comentarios, decidió separarla de sus funciones de mando con los gestores y de su influencia con los venteros. Finalmente, optó por no renovarle el contrato luego de su vencimiento en enero de 2017, independiente de los hechos”.
Una denuncia reciente que sí prosperó fue la del concejal Bernardo Alejandro Guerra a principios de marzo; bueno, al menos ya conocen de ella la Personería de Medellín y la Fiscalía, entidades que iniciaron investigaciones que dicen demorará otros cinco meses. “A través de un intermediario externo ubicado en el centro de la ciudad, funcionarios pedían entre 5 y 20 millones de pesos a personas que querían un permiso para vender en la calle, en este caso, en Robledo, a pesar de que esos permisos están congelados desde hace cinco años”.
Remató el concejal con una frase lapidaria: “al parecer, la venta del espacio público ya no se hace por parte de los ilegales, sino por parte de la oficialidad en Espacio Público”. Las palabras de Guerra traen a colación la existencia de verdaderas mafias que tienen en los andenes y pasajes peatonales unas muy rentables minas de recursos mal habidos, donde se explota la necesidad de miles de desempleados que tienen que recurrir a las ventas callejeras para obtener un sustento.
Igual, si hay corrupción ejercida directamente por algunos funcionarios o contratistas de la subsecretaría de Espacio Pública, o son ciertas las mafias que arriendan como propios los espacios de todos, es evidente que algo no está marchando como debe ser.
Guillermo Giraldo, presidente de una de las 35 organizaciones de venteros en el centro y quien asegura representar a más de 970 de estos comerciantes informales, dice que se oyen muchos rumores, “pero que a mí me conste, con denuncias y testimonios ciertos, yo mismo presenté una queja ante la Fiscalía 28 hace como tres años, contra un jefe operativo, y hasta el momento no sé qué ha pasado con eso”.
Van 16 meses de la actual alcaldía, cuya principal promesa electoral fue la recuperación del centro, y por lo menos en el tema de venteros y espacio público, las denuncias han llegado primero que las acciones correctivas. La tarea se ve clara ¿habrá quién la haga?
Corpocentro propone
De tiempo atrás la Corporación Cívica Centro de Medellín – CORPOCENTRO- viene solicitando a la alcaldía la reinvención en el modelo de control del espacio público, pues el existente no es efectivo y no tiene credibilidad ante el comercio formal, venteros ambulantes y comunidad.
Gracias por este pronunciamiento