Marchan los maestros, los médicos, los estudiantes, los desplazados, los confeccionistas, los transportadores, los que piden legalización de la marihuana. En Medellín todos marchan y ello es posible porque la protesta es un derecho amparado en el artículo 37 de la Constitución Política de 1991 que reza “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.

Conforme a esto, miles de ciudadanos recorren  casi a diario las principales calles del centro de Medellín para exigir al Gobierno que tome medidas en diversos temas, o que ofrezca mejores condiciones de trabajo, de vivienda, y otro sinnúmero de peticiones.

Sin embargo, quienes marchan y exigen esas mejores condiciones para sus vidas,  en algunos casos están siendo permeados por infiltrados que solo buscan hacer daño en la infraestructura física pública y a los bienes privados, causando perjuicio para quienes habitan o trabajan en el sector.

El caso más reciente, hace ya un mes, se vivió con la marcha del Día del Trabajo, en la cual vándalos quebraron vidrios y dañaron fachadas en múltiples edificios a lo largo de la Avenida Oriental, acabando con todo lo que se atravesaba en su camino. Algo similar ocurrió dos días antes con la marcha del Día Mundial de la Marihuana, en la que incluso un bus de Metroplús sufrió vandalismo, tal y como lo registraron distintos medios de comunicación.

La situación no es nueva. De hecho, algunos edificios han tomado medidas de protección previo al paso de las manifestaciones, pero estas han sido insuficientes, pues encapuchados arremeten contra las estructuras como si fueran de cartón, poniendo en riesgo la integridad de los marchantes, transeúntes y vigilantes de dichos edificios.

La marcha del Día del Trabajo dejó, tan solo en la Avenida Oriental, pérdidas por más de $100 millones que deben ser asumidas en su totalidad por privados y personas naturales. Ello, sumado a las múltiples manifestaciones a lo largo de todo el año hacen insostenible no solo el mantenimiento de fachadas de edificios sino también las ventas del comercio que se disminuyen ostensiblemente durante largos períodos de tiempo, además de las dificultades del transporte público y privado al colapsarse la vía más importante del centro.

Ante el cansancio por las reiteradas afectaciones sociales, económicas y de movilidad que se generan durante y posterior a cada marcha, los perjudicados, en su mayoría habitantes adultos mayores, administradores de propiedades horizontales y comerciantes, han comenzado a organizarse para pedir a las autoridades mayor protección, para lo cual cuentan con el apoyo de Corpocentro, como entidad cívica del centro de la ciudad.

Se hace necesario entonces que la Alcaldía de Medellín, Policía Metropolitana, Personería de Medellín y otros entes gubernamentales que regulan y acompañan las manifestaciones públicas que están expresamente autorizadas por el artículo 37 de la Constitución Nacional, velen porque estas sean realmente pacíficas como lo dice el mismo artículo, y que quienes causan desorden y destrozo tengan la sanción que corresponda de acuerdo con el Código de Policía vigente.